La tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos doce millones de hogares, sigue siendo una gran desconocida a pesar de la polémica que ha suscitado durante las últimas semanas la brusca subida de la electricidad en el mercado mayorista, que parece haber empezado a remitir.
De hecho, en numerosas ocasiones se ha confundido la evolución del precio en el mercado mayorista -en el que las comercializadoras compran la electricidad a las generadoras- con el comportamiento de la tarifa regulada, denominada ahora Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
Si dejamos al margen los contratos de suministro firmados por los consumidores que están en el mercado libre -unos trece millones-, el primer dato a destacar es que el coste de producción representa tan sólo el 35 % de la tarifa regulada.
El 65 % restante corresponde a impuestos (IVA e Impuesto de Electricidad), al margen de comercialización, al alquiler del contador y, sobre todo, a los llamados peajes de acceso, que suponen en torno al 40 % del recibo de la luz y que fija el Gobierno.
Aunque los peajes están congelados e incluso bajaron en 2016, no faltan los expertos que cuestionan algunos de los conceptos que engloban.
El capítulo de costes regulados incluye la retribución de dos actividades necesarias para hacer llegar la electricidad a hogares y empresas: el transporte, que permite llevar la energía desde las centrales hasta las subestaciones, de la que se ocupa Red Eléctrica de España (REE); y la distribución, que la reparte entre los consumidores finales.
Pero también son costes regulados las primas a las energías renovables; la compensación a los sistemas extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) por sus mayores costes de producción; la recuperación del déficit tarifario acumulado en ejercicios anteriores; los pagos por capacidad -para que siempre haya centrales de reserva-, y la financiación de la interrumpibilidad, el descuento aplicado a las empresas a las que se puede cortar la luz en caso de necesidad.
Si se eliminaran algunos de estos conceptos, la tarifa regulada bajaría sensiblemente, pero habría que determinar de qué forma se pagarían, por ejemplo, las primas a las renovables.
Mención especial merece la recuperación del déficit tarifario, una bola de deuda de más de 20.000 millones de euros que empezó a gestarse en los gobiernos de José María Aznar por la decisión de no subir la tarifa más del 2 % durante varios años y que se disparó con la política de ayudas a las renovables en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esa “pesada mochila” se sigue pagando a través de la tarifa, aunque la reforma energética acometida por el Gobierno del PP ha conseguido eliminar el déficit.
Sin embargo, lo que ha disparado la polémica en las últimas semanas ha sido la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista.
Hay razones que pueden explicar la subida -la ola de frío, que ha disparado la demanda; la ausencia de agua y viento, que ha obligado a utilizar centrales más caras; el encarecimiento del petróleo y el gas natural, y el parón de varias nucleares francesas-, pero tanto el Ministerio de Energía como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizan si, además, ha habido algún comportamiento anticompetitivo por parte de los agentes del sector.
El hecho de que el precio eléctrico mayorista lo marque la central más cara que entra en funcionamiento ha acaparado las críticas y algunos expertos proponen sacar del “pool” las plantas que no tienen costes variables: nucleares, hidroeléctricas y eólicas.
El Gobierno ha repetido que este modelo marginalista es el más común en el mundo y que no existen demasiadas alternativas.
El Ministerio de Energía sí ha tomado medidas para aumentar la competencia en el mercado gasista y conseguir precios más competitivos.
En la situación actual, los precios del mercado eléctrico mayorista los marcan las centrales de ciclo combinado, que utilizan el gas como combustible.
Energía ha incorporado la figura del “creador de mercado”, que ya existe en otros países europeos y que empezará a operar la próxima semana, para conseguir más liquidez en Mibgas, el mercado gasista organizado.
Además, obligará a los operadores dominantes del sector gasista a ofrecer un volumen determinado de gas en el mercado.
A partir de ahora se espera que los precios de la electricidad se moderen a medida que suban las temperaturas, vuelva a soplar el viento y, si hay suerte, llueva.