El informe que servirá de base para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética plantea subir un 28% el impuesto de gasóleo y un 10% el de la gasolina, así como el IVA, para bajar el precio de la electricidad, que tendría un recorte del 6,8% en el recibo. Los 14 expertos que han elaborado el informe, que será entregado el lunes al ministro de Energía, Álvaro Nadal, proponen también unos escenarios con muy alta penetración de renovables, aunque subrayan las dificultades técnicas que existen para alcanzar los objetivos previstos para 2030.
El informe, de casi 500 páginas, plantea distintos escenarios con sus pros y sus contras, centrándose en la electrificación de la economía y la descarbonización como ejes principales. Proyectan, consecuentemente, un ascenso de las fuentes renovables y el mixnecesario de apoyo para mantener un parque eléctrico equilibrado y con seguridad de suministro.
Los 14 expertos, con esos principios, proponen reordenar la fiscalidad energética con criterios medioambientales con la implantación de un impuesto al CO2 y gases contaminantes en sustitución de los actuales impuestos de hidrocarburos y de electricidad. Esa medida supondría un aumento del 28% del impuesto al gasóleo del 10% para la gasolina. Asimismo, se plantea subir el IVA entre uno y 1,3 puntos.
Esta disposición compensaría la supresión en el recibo de la luz de los peajes que no tienen que ver con la generación (primas a las renovables, amortización de deuda, costes extrapeninsulares…), que pasarían a ser costeadas por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). También eliminaría el denominado impuesto al sol, peaje que se impone al autoconsumo por estar conectado a la red y servirse de ella.
Esas cargas suponen una reducción total de los ingresos de una cifra en el entorno de los 11.000 millones de euros, la misma cantidad que se ingresaría con los cambios tributarios. Como los nuevos impuestos incidiría en el precio del gas, se mermaría la repercusión en el recibo de la luz. En todo caso, el usuario notaría una reducción del 6,8%.
En definitiva, se trasladaría el peso de la descarbonización sobre los ciudadanos que más contaminan y mejorarían los costes de los consumidores eléctricos, que en muchos casos son los mismos. “La medida es regresiva porque penaliza a los que tienen menos y beneficia a los que tienen más renta y pueden comprarse vehículos eléctricos, pero no existe otra salida”, asegura una fuente sectorial.